EMERGENCIA SANITARIA EN NUESTROS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Dr. Ronald Lopez

autor: ronald lópez calderón Abogado asociado

A inicios del mes pasado, el Ejecutivo promulgó dos importantes normas en materia penal, procesal penal y penitenciaria: el Decreto Legislativo Nº 1513 (sobre las disposiciones para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios) y el Decreto Legislativo Nº 1514 (sobre la aplicación de la vigilancia electrónica personal).

Entre las novedades que podemos encontrar en el Decreto Legislativo Nº 1513 se tiene la variación de la prisión preventiva por otras medidas coercitivas, mecanismos para la remisión de las condenas de hasta 10 años de pena privativa de libertad y la modificación del trámite de beneficios penitenciarios.Cabe precisar que las medidas descritas se aplican también a los adolescentes infractores de la ley penal.

 

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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1513

Debemos precisar que el análisis del presente artículo se enfocará principalmente en las medidas adoptadas respecto de la prisión preventiva; en ese sentido, el mencionado decreto legislativo contiene las siguientes novedades:

1. Cesación de la prisión preventiva por mínima lesividad
Se dispone la cesación de la prisión preventiva dictada a los procesados o investigados por delitos de mínima lesividad (el numeral 2.1.1 del decreto legislativo en comento de manera taxativa enumera los delitos excluidos, dentro de los cuales podemos encontrar, por ejemplo, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; contra la familia; contra el patrimonio; contra la humanidad; contra la administración pública; lavado de activos; delitos cometidos en el marco de la Ley Nº 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, entre otros).

El numeral 2.2 de la norma establece que en los supuestos descritos en el párrafo anterior se dicte comparecencia restringida.

2. Revisión de oficio de la prisión preventiva

El numeral 3.1 del Decreto Legislativo n.° 1513 establece que los jueces de investigación preparatoria nacional, en un plazo máximo de 20 días hábiles luego de promulgada la norma, deberán revisar de oficio la necesidad de mantener o no la medida de prisión preventiva impuesta en todos los procesos que tengan a su cargo y que no se encuentren en los supuestos de cesación regulados en el artículo 2.

Como puede observarse, la norma aquí establece un “control de oficio” sobre las prisiones preventivas dictadas en procesos o investigaciones por delitos de grave lesividad. En el numeral 3.2, y para efectos de la revisión y decisión sobre la cesación, se establece criterios especiales, que tienen que ver con las condiciones de salud y/o vulnerabilidad que presente el procesado respecto al COVID-19. Estos criterios especiales se evaluarán conjuntamente con los ya establecidos en el artículo 283 del Código Procesal Penal.

3. Solicitud de cesación de la prisión preventiva

Por último, se otorga a los procesados por los delitos excluidos (es decir, los de grave lesividad) la posibilidad de solicitar la cesación de la prisión preventiva atendiendo a los criterios establecidos tanto en el Código Procesal Penal como en el numeral 3.2 del Decreto Legislativo N° 1513.

Una crítica que se podría plantear a la norma bajo comentario sería la evidente restricción en el cese de la prisión preventiva por mínima lesividad; se puede observar, de hecho, que se consideraría como delitos graves, entre otros, a los siguientes: exhibiciones y publicaciones obscenas (artículo 183 del Código Penal), cuya pena privativa de libertad es no menor de dos ni mayor de cuatro años, en su modalidad básica, y no menor de cuatro ni mayor de 6 años, en su forma agravada; abuso de autoridad (artículo 376 del Código Penal), cuya pena privativa de libertad es no mayor de tres años, en su modalidad básica, y no menor de dos ni mayor de cuatro años, en su modalidad agravada; cobro indebido (artículo 383 del Código Penal), cuya pena privativa de libertad es no menor de uno ni mayor de cuatro años; rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad (artículo 391 del Código Penal), cuya pena privativa de libertad es no mayor de dos años; entre otros tipos penales que a priori reflejan poca lesividad, pero que fueron excluidos de la “cesación de prisión preventiva por mínima lesividad”, motivo por el cual los procesados por estos delitos que vengan purgando prisión preventiva podrán acceder a su variación y/o cesación de la misma mediante la revisión de oficio o solicitud de parte (artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1513)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1514

Respecto a los alcances del Decreto Legislativo Nº 1514, y tomando en cuenta que el presente artículo se enfoca primordialmente en el aspecto procesal, pasaremos a evaluar las principales novedades respecto a la aplicación de la vigilancia electrónica personal como alternativa a la prisión preventiva:

1. Incorporación del artículo 287-A al Código Procesal Penal (“Comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal”)

Esta norma incorporada a nuestro Código Adjetivo Penal, básicamente, dispone que el juez puede imponer la medida de comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal, antes que la medida de prisión preventiva, según la valoración de las condiciones de vida personal, laboral, familiar o social, o las condiciones de salud, de la persona procesada; o disponer la cesación de la prisión preventiva por la comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal si, aun cuando subsistan los presupuestos del artículo 268° del Código Procesal Penal, la persona procesada acredite que tiene condiciones de vida personal, laboral, familiar, social, o las condiciones de salud, que permiten concluir que con esta medida se asegura la finalidad del proceso en el mismo grado.

Interesante la incorporación realizada a nuestro Código Procesal Penal, en tanto supedita la imposición de la comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal antes que la prisión preventiva o la cesación de esta última por aquella únicamente a las condiciones de vida personal, laboral, familiar o social, o a las condiciones de salud de la persona procesada, más allá de que, como de forma expresa se establece, subsistan los presupuestos del artículo 268° del Código Procesal Penal que fundamenten (si nos encontramos ante un requerimiento realizado por el Ministerio Público) o hayan fundamentado (cuando ya se encuentre vigente la medida) la imposición de la prisión preventiva.

2. Procedencia de la vigilancia electrónica personal

El Decreto Legislativo Nº 1514, a fin de hacer efectiva la implementación de la vigilancia electrónica personal como alternativa a la prisión preventiva, ha modificado ciertos artículos del Decreto Legislativo Nº 1322, decreto legislativo que regula la vigilancia electrónica personal.

En ese sentido, se modificó el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1322 y entre los aspectos más resaltantes tenemos que la vigilancia electrónica personal procede para las personas procesadas por delitos cuyas penas sean superiores a los cuatro años, salvo que la imputación en su contra sea por uno de los siguientes delitos: parricidio, homicidio calificado, lesiones graves en su modalidad agravada, secuestro, trata de personas, violación sexual, seducción, actos contra el pudor, favorecimiento a la prostitución, rufianismo, proxenetismo, exhibiciones y publicaciones obscenas, robo agravado, extorsión, asociación ilícita, rebelión, sedición, concusión, cobro indebido, colusión, peculado, malversación, delitos de corrupción de funcionarios, entre otros incluidos en el Código Penal; asimismo, delitos cometidos como miembro o integrante de una organización criminal o como persona vinculada o que actúa por encargo de ella, conforme a los alcances de la Ley Nº 30077, por los delitos tipificados en el Decreto Ley Nº 25475 y sus modificatorias, y los previstos en los artículos 1 al 6 del Decreto Legislativo Nº 1106.

Ahora bien, las exclusiones previstas para los delitos mencionados en el párrafo anterior no se aplican en los supuestos de personas procesadas que se encuentren con plazo máximo de prisión preventiva vencida y que el Ministerio Público no haya formulado requerimiento fiscal acusatorio, para lo cual el juez puede imponer la vigilancia electrónica personal como medida de restricción adicional a la de comparecencia que disponga, siempre que se fundamente la proporcionalidad de la medida en relación a los fines del proceso, según el numeral 5.7 del Decreto Legislativo Nº 1322.

APUNTES FINALES

Aún existe una gran cantidad de internos que, debido a la gravedad de los delitos por los cuales vienen siendo procesados (y, además, a que no han podido atenuar los peligros de fuga y de obstaculización), no pueden solicitar la variación de la prisión preventiva por la vigilancia electrónica personal.

Aquellos internos o internas que se encuentren en dicha situación pueden acceder a la detención domiciliaria[1][2], regulada en el artículo 290° del Código Procesal Penal. Este dispositivo legal prescribe que se impondrá dicha medida cuando, pese a corresponder prisión preventiva, el imputado: sea mayor de 65 años de edad; adolezca de una enfermedad grave o incurable, sufra grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento; o sea madre gestante.

Cuando el citado dispositivo legal hace referencia a “pese a corresponder prisión preventiva”, de manera implícita nos indica que cuando nos encontremos ante este tipo de solicitudes, el juez no examinará si han desaparecido los peligros procesales, sino únicamente evaluará si se cumple alguno de los 4 supuestos contemplados (son excluyentes, no copulativos). Por ejemplo, en la actual coyuntura de pandemia que vivimos, y de acuerdo a las características personales que presente el procesado, se puede catalogar como enfermedad grave a los pacientes confirmados por COVID-19. De todos modos, no debe obviarse lo estipulado en el numeral 2 del artículo 290 ya citado, donde se nos indica que la detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda evitarse razonablemente con su imposición”.

Consideramos que más allá de la pequeña crítica hacia el Decreto Legislativo Nº 1513, enfocada básicamente a las restricciones que se impone sobre algunos delitos de poca lesividad a fin de variar la medida de prisión preventiva por una comparecencia con restricciones, la promulgación de ambas normas es beneficiosa para evitar que se siga propagando el COVID-19 en nuestros establecimientos penitenciarios y para que la sobrepoblación carcelaria poco a poco se vaya reduciendo (no olvidemos que la única limitación impuesta a los internos es su derecho a libertad, mas no su derecho a la salud y a la dignidad). Aguardamos que la labor de los jueces, en ese sentido, sea la más adecuada y célere.

[1] Expediente n.° 00045-2019-1-5002- JR-PE-03 (caso César Villanueva), resolución n.° 3, de fecha 01 de abril de 2020, mediante la cual declaran FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el imputado, en el extremo que se declaró infundada la solicitud de la defensa de variar la prisión preventiva por la de detención domiciliaria y, REFORMÁNDOLA, se sustituye la prisión preventiva por la medida coercitiva de carácter personal de DETENCIÓN DOMICILIARIA.

[1] Expediente n.° 04618-2018-74-2402-JR-PE-01 (Isaac Huamán Pérez, director regional de Agricultura de Ucayali), resolución n.° 02, de fecha 06 de mayo de 2020, mediante la cual se SUSTITUYE DE OFICIO la medida coercitiva de prisión preventiva por la DETENCIÓN DOMICILIARIA.

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